17 - Reflexiones electorales – Sistema General de participaciones - eje central de la discusión

Reflexiones electorales – Sistema General de participaciones -  eje central de la discusión

La Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido reformada por más de 50 actos legislativos, pero la expedición del Acto Legislativo 03 de 2024, que modifica los artículos 356 y 357, se destaca como uno de los ajustes más significativas en años recientes. Esta reforma no es simplemente un ajuste técnico, sino una redefinición estructural de la relación entre el gobierno central y los territorios, que marcará el rumbo de las finanzas públicas durante los próximos tres gobiernos.

Mientras se debate el presupuesto nacional para 2026, la ley de financiamiento por más de $26 billones y el déficit fiscal del próximo gobierno, un tema de gran trascendencia ha pasado casi desapercibido: la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP) y el proyecto de Ley de Competencias, cuya discusión debe incorporarse al debate electoral.

Desde el gobierno Nacional:

La transición del Sistema General de Participaciones (SGP) tendrá una duración de 12 años y generará una presión financiera sin precedentes para el gobierno central. Las proyecciones indican un incremento progresivo en las transferencias, con las siguientes cifras estimadas:

La presentación de reformas tributarias se ha institucionalizado como un mecanismo recurrente para equilibrar las finanzas del sector central. El gobierno entrante heredará un escenario fiscal adverso que incluye: reducción de $ 45 billones en transferencias territoriales durante el cuatrienio, un déficit fiscal de dimensiones inciertas y la necesidad imperativa de ajustarse a la regla fiscal. La situación se agravará progresivamente, pues en el año 12, cada $100 que el gobierno central requiera en recursos nuevos demandará reformas capaces de recaudar $166.

Desde los territorios

El Gobierno Nacional puso a discusión un primer borrador de la Ley de Competencias. No obstante, surge una pregunta fundamental: ¿cumple este documento con las expectativas de los entes territoriales en cuanto a recursos y definición de competencias?

Esta inquietud cobra especial relevancia considerando el Artículo 7° de la Ley 819 de 2003, que establece la obligatoriedad de analizar el impacto fiscal de las normas para proyectos de ley, ordenanza o acuerdo. Una de las principales preocupaciones de los entes territoriales radica en que, a través de normas nacionales, se crean competencias adicionales sin definir las fuentes de financiación correspondientes. La pregunta es si estas dudas quedarían resueltas en el borrador de la mencionada ley.

En el marco del ejercicio adelantado por el Departamento Nacional de Planeación, se identificaron 2.533 competencias distribuidas de la siguiente manera: 1.969 corresponden al gobierno central y 657 a los entes territoriales, organizadas en 16 sectores. Es importante destacar que, para el caso específico de las competencias territoriales en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, estas incluyen únicamente cerca de 180 competencias.

En cuanto a la distribución de recursos, la propuesta mantiene una estructura similar a la definida en la Ley 1176 de 2007. Se conserva el 96% para participaciones sectoriales, distribuido así: 58,5% para educación, 24,5% para salud, 5,4% para agua potable y saneamiento básico, y 11,6% para propósito general. Adicionalmente, se establece una nueva categoría de asignaciones especiales con el 4% restante, destinada a resguardos indígenas, municipios ribereños, alimentación escolar y pensiones.

Es importante señalar que los porcentajes propuestos en el borrador de la Ley de Competencias no deberían considerarse definitivos, sino que requieren ajustes que reflejen las transformaciones demográficas que ha experimentado Colombia durante las últimas dos décadas y las necesidades de los entes territoriales. La transición hacia una sociedad con menor población joven y mayor proporción de adultos mayores plantea desafíos significativos para los sectores de salud, pensiones y educación, lo cual debería incidir en la revisión de los porcentajes inicialmente establecidos. Como se observa en la siguiente tabla, la población menor de 19 años ha disminuido del 42.9% en el año 2000 al 25.1% proyectado para 2023, mientras que la población mayor de 60 años se ha duplicado, pasando del 8.3% al 19.2% en el mismo período:

Esta realidad demográfica se refleja directamente en el sector educativo, donde la matrícula en educación preescolar, básica y media ha experimentado una reducción sostenida, pasando de 11,122,874 estudiantes en 2010 a 9,543,140 en 2024, lo que representa una disminución de 1,579,734 estudiantes en catorce años. La tendencia es consistente tanto en el sector oficial como en el no oficial, evidenciando la necesidad de repensar la asignación de recursos que actualmente destina el 58.5% de las participaciones sectoriales a educación:

Este mismo ejercicio se debería realizar para cada sector que están en discusión, con respecto a las competencias de los entes territoriales.

Desafíos y agenda de discusión

Para el gobierno nacional, la situación está definida: enfrentará una disminución progresiva de recursos disponibles durante los próximos doce años. Esta realidad debería estar en el centro de las propuestas electorales: ¿Cómo financiarán los programas del gobierno central mientras aumentan las transferencias territoriales? ¿Qué sectores priorizarán? ¿Cómo evitarán que la presión fiscal se traduzca en reformas tributarias constantes? ¿Qué cambios estructurales implementarán en la administración del Estado?

Por su parte, los entes territoriales aún tienen un espacio de discusión que se reflejará en el texto final de la Ley de Competencias, especialmente en los porcentajes y la flexibilidad sectorial que se apruebe. Sin embargo, deben ser realistas sobre sus expectativas: los recursos siempre serán insuficientes para las necesidades tanto del gobierno central como de los territorios.

La discusión apenas comienza, y resulta fundamental que el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los entes territoriales y la sociedad civil cuenten con los insumos suficientes para llevar a cabo un debate constructivo que responda a las necesidades del país y sus territorios.

JORGE ALBERTO SERNA JARAMILLO

Armenia (Quindío), septiembre 23 de 2025

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