13 - QUINDIO 2024 – 2027 – PLANES DE DESARROLLO – UN LABERINTO FINANCIERO
QUINDIO 2024 – 2027 – PLANES DE DESARROLLO – UN LABERINTO FINANCIERO
El ejercicio de radiografía que venimos realizando sobre el Quindío ha llegado a uno de sus puntos más reveladores y, al mismo tiempo, más retador. El análisis de los planes de desarrollo municipales 2024-2027 (“corto plazo”) nos enfrenta a una realidad que muchos intuían, pero pocos habían dimensionado con precisión: estamos atrapados en un laberinto financiero que limita nuestra capacidad de transformación.
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Documentos: De
seguimiento, control, técnicos, catastro multipropósito, etc.
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Estudios:
Estudios de pre-inversión para estructuración de proyectos.
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Obras:
Obras a construir o mantener, adecuaciones, dotaciones, maquinaria.
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Servicios:
Componente salud, educación, subsidios a los servicios públicos, acompañamiento
social, etc.
Con las cifras anteriores, procedemos a hacer el siguiente análisis:
- Con apenas $5.65 billones proyectados para cuatro años
en todo el departamento, el Quindío ocupa el puesto 29 entre 33 departamentos
en inversión per cápita en los Planes de Desarrollo. Esta cifra adquiere una
dimensión más preocupante cuando la contrastamos con nuestras posiciones en
otros rankings: puesto 23 en población, puesto 17 en PIB per cápita (impulsado
por la agricultura y el sector privado). El mensaje es claro: tenemos menos
recursos de los que necesitamos y mucho menos de los que merecemos.
- La Ley 715 de 2001, que define las competencias
municipales en educación, salud, servicios públicos, etc. se ha convertido en
una camisa de fuerza para el desarrollo territorial. Las transferencias del
Sistema General de Participaciones llegan con destinación específica, limitando
la autonomía local para definir prioridades estratégicas. Mientras tanto, la
nación continúa transfiriendo nuevas competencias a los entes territoriales sin
el correspondiente respaldo financiero.
- La estructura de estos recursos revela la problemática
en la que estamos atrapados. El 75% de la inversión se destina a salud y
educación —sectores fundamentales pero que, en su modalidad actual, representan
más gasto corriente que inversión para desarrollo—.
-
En los municipios diferentes a Armenia, el 67% de la
población está en régimen subsidiado de salud y el 85% pertenece a los estratos
1, 2 y 3. Esto significa que la carga social es proporcionalmente mayor, lo que
exige un esfuerzo adicional de los municipios en detrimento de la ejecución de
obras prioritarias para suplir sus necesidades.
- Solo el 9.2% queda disponible para obras de
infraestructura y proyectos que realmente puedan impulsar el crecimiento
económico.
-
Las regalías, proyectadas en $400.000 millones para el
cuatrienio, aparecen como la única luz en este panorama fiscal.
- Estamos ante una ventana de oportunidad única con la
actualización simultánea de los doce planes de ordenamiento territorial. Como
lo hemos venido planteando, esta no puede ser vista como una obligación
administrativa sino como la herramienta fundamental para romper las
limitaciones actuales.
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La implementación del catastro multipropósito es una
necesidad apremiante.
-
Para el caso de Armenia, insistimos que la
problemática del cobro de valorización debe ser resuelta en esta administración
y no esperar hasta el 2030, como quedo en el pacto de cumplimento. Es una
obligación y un compromiso con el futuro de la ciudad.
- Sin recursos propios robustos, seguiremos dependiendo
de transferencias nacionales insuficientes y condicionadas.
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La modificación al Sistema General de Participaciones,
y la discusión de la nueva Ley de Competencias que debería iniciarse en la
siguiente legislatura, representa la prueba de fuego para el liderazgo político
quindiano. Si la distribución sigue basándose en población y necesidades
básicas insatisfechas, seremos perdedores netos. Necesitamos una estrategia
coordinada que trascienda las diferencias locales y se enfoque en defender los
intereses del departamento.
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